Governance and Institutional Framework for Infrastructure Financing in Argentina

Investment in public infrastructure is important for the development of the country and its capacities in energy, logistics and other commercial activities that influence the productivity of the economy. In 2020 the State invested about 1.3% of GDP and in 2021 it was raised as an important economic activity of the reactivation rising to 2.2% of GDP according to projections for this year. However, infrastructure needs in Argentina require a larger budget and financing alternatives than the traditional public works financed by the State. It is here where several actors, institutions and mechanisms with different degrees of institutionalism and financial robustness are involved.

The choice of financing mechanisms for new works is fundamental, since it determines how the public accounts will distribute the fiscal effort over time and the possibility of making disbursements efficiently.

This paper analyzes three financing mechanisms for public works: the traditional system of the State through the national budget, bilateral soft loans with countries that directly finance works in the country, and Public-Private Partnership (PPP) programs. While the latter covers a wide range of modalities, the analysis limits its scope in light of the contracts provided for in Law 27,328 of 2016. Each of these mechanisms has observable advantages and disadvantages, which will be addressed in the paper for systematic comparison.

The financing instruments coexist with various problems that condition them. These drawbacks are the coexistence of a chronic deficit of public accounts, constant economic and institutional instability, including recurrent debt crises, currency depreciation and the interruption of contracts under the public emergency, which raises the risks faced by private sector investment in the country. These variables lead to poor economic performance of soft loans and PPPs.

La inversión en infraestructura pública es importante para el desarrollo del país y sus capacidades tanto de energía, como de logística y otras actividades comerciales que influyen en la productividad de la economía. En 2020 el Estado invirtió cerca del 1,3%del PBI y en 2021 se planteó como una importante actividad económica de la reactivación subiendo a 2,2% del PBI según las proyecciones para este año. Sin embargo, las necesidades de infraestructura en Argentina requieren de mayorpresupuesto y alternativas de financiamiento que la obra pública tradicional que financia el Estado. Es aquí donde se ven involucrados varios actores, instituciones y mecanismos con distintos grados de institucionalidad y robustez financiera.

La elección de los mecanismos de financiamiento para nuevas obras es fundamental,ya que determina de qué manera las cuentas públicas van a repartir el esfuerzo fiscal en el tiempo y la posibilidad de realizar los desembolsos de manera eficiente.

El presente documento analiza tres mecanismos de financiamiento de la obra pública:el sistema tradicional del Estado a través del presupuesto nacional, los préstamos blandos bilaterales con países que financian de forma directa obras en el país y los programas de Participación Público-Privada (PPP). Si bien este último abarca una amplia gama de modalidades, el análisis limita su alcance a la luz de los contratos previstos en la ley 27.328 del 2016. Cada uno de estos mecanismos tiene observables ventajas y desventajas, que serán abordadas en el documento para su comparación sistemática.

Los instrumentos de financiamiento conviven con diversos problemas que los condicionan. Estos inconvenientes son la coexistencia de un déficit crónico de cuentas públicas, constante inestabilidad económica e institucional, que incluye crisis de deuda de recurrentes, depreciación de la moneda y la interrupción de contratos en el marco de la emergencia pública, que eleva losriesgosque enfrentala inversión delsectorprivado en el país.Estas variables conducen a un desempeño económico bajo de los préstamos blandos y de las PPP.