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OIP: Una plataforma para monitorear el impacto del sector privado
Durante décadas, el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE) ha trabajado en países afectados por conflictos internacionales o internos, a través de programas que buscan crear entornos estables, transparentes y que provean la suficiente protección para que el sector privado y los inversionistas puedan contribuir a activar o reestablecer la actividad económica e impulsar las oportunidades y desarrollo de las comunidades que habitan estos territorios. En la actualidad, CIPE desarrolla actividades en más de 100 países, de los cuales 13 están afectados por algún tipo de conflicto.
En el caso de Colombia, donde el conflicto armado interno se desarrolla desde los años 60, CIPE orientó sus esfuerzos en los últimos cinco años a la implementación del Observatorio de Inversión Privada (OIP), en alianza con Jaime Arteaga y Asociados (JA&A). EL OIP se ha posicionado como la única plataforma que hace un seguimiento al tejido empresarial en zonas afectadas por la violencia y la pobreza en el país. Bajo el lente internacional, esta herramienta representa un modelo de réplica para visibilizar la contribución fundamental del sector privado al desarrollo y sostenibilidad de la paz y también para evidenciar sus desafíos.
La historia del OIP se remonta al 2016, año de la firma del acuerdo de paz del Gobierno Nacional y las FARC – EP, en el que el Gobierno asignó a las empresas un rol en el desarrollo y cumplimiento del Acuerdo para la construcción de la paz territorial.
Para Martin Friedl, director de CIPE en América Latina, después de más de 50 años de conflicto armado, el acuerdo de paz abrió las puertas para que el sector privado se convirtiera en una fuerza positiva para la gobernanza democrática.
“Para CIPE el fortalecimiento del Estado de Derecho era esencial para que la población en las áreas más afectadas pudiera desarrollar actividades productivas. En ese momento, se nos ocurrió que el sector privado podría jugar un rol más protagónico, ayudando al Estado a construir un marco legal y de paz territorial que no fuera solo bueno para los negocios, sino también para la población en general”, explicó Friedl, refiriéndose a las motivaciones de CIPE para la implementación del proyecto.
Identificación de retos y oportunidades
En esta coyuntura, CIPE, en alianza con JA&A, Confecámaras y el Instituto de Ciencia Política (ICP), desarrolló en el 2017 un ejercicio de consulta con líderes del sector privado, cámaras de comercio, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil en cinco regiones afectadas por el conflicto (Apartadó, Barrancabermeja, Riohacha, Tumaco y Villavicencio), con el fin de consultar y evaluar las necesidades, desafíos y oportunidades para el sector privado. Los resultados evidenciaron las expectativas que generaba la llegada de las empresas. También, que las principales oportunidades se visibilizaban en los sectores de infraestructura física y turismo, pero ambas requerían un apoyo gubernamental adecuado en términos de política fiscal y subsidios.
Adicionalmente, CIPE elaboró con Confecámaras la “Guía de Inversión Responsable en Zonas de Postconflicto”, ampliamente consultada, para que las juntas directivas de las empresas puedan hacer las preguntas indicadas antes de aprobar una inversión en estas zonas. El documento es una herramienta para que las organizaciones no solo se aseguren de enfocarse en los retornos financieros de la inversión, sino también en hacer la debida diligencia, preparar sus esquemas de operación para encadenarse con las capacidades locales y, especialmente, ejercer buena ciudadanía corporativa, comprometiéndose con la creación de contextos de desarrollo sostenibles en el largo plazo. Este texto fue complementado con una Guía para Fortalecer la Inversión Privada en Zonas de Posconflicto.
Asimismo, CIPE auspició el desarrollo de investigaciones relacionadas con el rol de la empresa privada en el fortalecimiento del proceso de paz:
- Dos documentos de la serie Economía y Política de Fedesarrollo, uno sobre el Acuerdo de Paz y el Decreto de Ley de Tierras y el otro sobre la Sustitución de Cultivos Ilícitos.
- Un documento sobre “Vocaciones Productivas y Oportunidades en los Territorios de Colombia” del ICP.
Con el fin de presentar algunas de estas herramientas, CIPE organizó un evento público en Bogotá, encabezado por el director ejecutivo de CIPE, Andrew Wilson, que contó con una amplia cobertura mediática y evidenció el compromiso de CIPE con el proceso de paz.
Posteriormente, la divulgación se extendió a las regiones de la mano de las cámaras de comercio, como una fuerza positiva que respondió al reto de generar oportunidades económicas sostenibles que contribuyan a la paz territorial.
Estas experiencias mostraron la necesidad de contar con información confiable sobre las empresas en zonas afectadas por el conflicto y la pobreza. Asimismo, evidenciaron el valor de fomentar nuevos espacios de diálogo entorno a los desafíos y oportunidades de inversión, para generar una nueva cultura de desarrollo y crecimiento equitativo, donde participaran empresarios, cámaras de comercio, gobierno, organizaciones no gubernamentales y otros actores.
Así se constituyó el OIP, con un tablero de 22 indicadores agrupados en las dimensiones de tejido empresarial, actividad económica, involucramiento y condiciones habitantes. Estos indicadores se alimentan con cifras estadísticas de fuentes como las cámaras de comercio, el gobierno y otros actores. Con los resultados se producen reportes anuales y se realizan eventos para analizarlos y hacer recomendaciones para propiciar la inversión privada.
Mecanismos tributarios para la reconstrucción de la paz
El OIP se ha convertido en un referente para dialogar sobre políticas públicas, proyectos económicos, inversiones y desafíos entorno a la inversión privada. “El hacer seguimiento al indicador de proyectos por Obras por Impuestos a través del OIP nos ha permitido reconocer el valor y la eficiencia de este mecanismo del con el cual municipios que nunca hubieran imaginado tener la posibilidad de ejecutar obras en vías, hoy en día las tienen y de manera eficiente. Solamente en el 2022 se ejecutaron 410 mil millones de pesos en Obras por Impuestos y 489 mil millones de pesos en inversión social privada en los PDET”, aseguró Jaime Arteaga, director de JA&A, quien permanentemente enfatiza en la importancia de seguir apostándole a mecanismos tributarios para la reconstrucción de la paz territorial.
El OIP sigue evolucionando y es una pieza clave para mantener el interés de las empresas en el acuerdo de paz, por ejemplo, cuando evidencia que actualmente se crean dos veces más empresas de lo que se creaban en el 2016 en los municipios afectados por el conflicto, o cuando reporta las inversiones sociales de las empresas más grandes de Colombia en estas zonas.
¿Quiénes se benefician de los datos del OIP?
Para la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el OIP es un recurso actualizado que le permite comprender cuál es la actividad del sector empresarial en regiones donde se hace más compleja la recolección de datos. La FIP considera además que el OIP no solo es un repositorio de información, sino que hay todo un equipo de personas analizando datos y generando contenido de valor que, en su caso, les ha facilitado la toma de decisiones y la definición de sus programas en estos territorios.
“Nosotros somos quizás uno de los mayores usuarios de los datos del OIP. No quiero decir que no haya muchos más, pero digo a ciencia cierta que somos de los que constantemente usan su plataforma. Estamos aprovechando la evidencia que los datos y el análisis nos ofrecen para soportar muchas de las de las ideas y de las tesis que nosotros mismos recogemos en campo de manera cualitativa con el sector empresarial en esas regiones PDET”, aseguró María Lucía Méndez, directora del área de Construcción de Paz en FIP.
FIP, por ejemplo, analizó los datos del OIP para construir y publicar el reporte “El tejido empresarial en los territorios PDET. Lo que dicen los datos”, en 2024. Según el investigador Felipe Zarama, luego del análisis de los indicadores de OIP los resultados arrojaron que, en aquellos municipios con mayor número de eventos de desplazamiento forzado, es decir, en los que el conflicto armado continúa, se crean y subsisten menos empresas.
“Acabar con el conflicto armado hace parte de las condiciones habilitantes para la actividad económica y para la creación y sostenimiento de empresas”, agregó Zarama.
Las cámaras de comercio de las regiones PDET también han sido unas de las principales beneficiarias de los datos recolectados por el OIP. Según la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Putumayo, Deccy Ibarra González, los datos del OPI les han permitido realizar un ejercicio de diferenciación entre las regiones, teniendo presente que todos los municipios y regiones tienen características particulares.
“Los datos nos permiten identificar en qué servicios tenemos fortalezas y cuáles otros debemos mejorar o implementar. Gracias a los indicadores del OIP, hemos podido identificar que todas las inversiones, incluso las de Obras por Impuestos, son de empresas grandes de afuera del Putumayo, pero que tienen alguna participación en este territorio. Eso nos ratifica que el aporte del sector privado depende también del tamaño de las empresas”, comentó Ibarra.
Para la presidenta de la Cámara de Comercio, las diferencias en las obras que se realizan por parte del sector privado, a través del mecanismo de Obras por Impuestos, y las que se realizan por parte del sector público son notables. “Conozco un proyecto de asfalto de una vía que la cambió la calidad de vida a la población aledaña. Sé también que ha habido obras de adecuaciones y dotaciones en colegios por parte de petroleras que realmente han favorecido a los estudiantes. Es importante monitorear el desarrollo de estas obras a través del OIP porque es ahí donde se puede evaluar el desarrollo de las regiones tras el acuerdo de paz”.
Durante estos cinco años, el OIP también ha visto los retos de implementación del acuerdo de paz y ha mostrado caminos a agentes interesados en contribuir a este propósito. OIP ha registrado desde distintas perspectivas algunas de las dinámicas del conflicto, o, por ejemplo, la pandemia que fue un momento de quiebre, no solo para el sector empresarial, sino también para la modalidad de trabajo de muchas instituciones, lo cual tuvo un impacto en la recolección de los datos. También ha evidenciado cómo los cambios de gobierno han significado desafíos para la coordinación de acciones e, incluso, entre los sectores público y privado.
En el caso de CIPE, los resultados de OIP le mostraron nuevos rumbos de acción en Colombia para promover al sector privado y su rol en la democracia. Esta fue una de las razones que llevó a CIPE a establecer una oficina en Colombia. “La implementación del OIP fue clave para establecer la Oficina de CIPE en Colombia y representó un proyecto insignia que ha dado paso a la implementación de otras iniciativas sobre gobernanza democrática en las áreas afectadas por el conflicto y la pobreza de Colombia”, mencionó Ángela María Vélez, directora de la Oficina de CIPE en Colombia.
Ya con presencia permanente en el país, CIPE tuvo en cuenta los resultados y recomendaciones del OIP para desarrollar iniciativas como impulsar la incidencia en políticas públicas, la inclusión de las mujeres en el sector empresarial, grandes afectadas en la pandemia; la economía digital y llegar con iniciativas que impactan directamente a los empresarios medianos y pequeños en las regiones previstas por el acuerdo de paz.
“La estrategia de incidencia de la Oficina de CIPE en Colombia fue bien acogida por candidatos de elección popular o por los ahora gobernantes y por empresarios que han visto una respuesta directa a algunas de sus necesidades”, añadió Vélez.
Para Nathalie Renaud, directora adjunta de la Oficina de Programas en USAID Colombia, la informalidad del empleo en los territorios PDET es uno de los mayores retos para la recolección de los datos del OIP, puesto que toda esta fuerza laboral que es mayoritaria en estos territorios no puede ser medida. “La extorsión es un riesgo latente para muchos micro y pequeños empresarios y por esta razón no son tan abiertos a revelar cifras relacionadas con sus negocios. Esto también se convierte en un reto para el OIP”.
De acuerdo con Renaud, desde el segundo año de implementación del OIP, los datos comenzaron a ser mucho más sofisticados. Indicadores como los servicios financieros y la tenencia de tierras son de gran interés para agencias humanitarias como USAID, porque son temáticas que abordan en sus programas y esta información les permite mejorar sus procesos de planificación e implementación.
“Antes estábamos muy enfocados en la productividad en el tema agro, pero el OIP nos ayudó a identificar otros sectores que necesitaban un apoyo, como el tema logístico. Siempre pensábamos cómo potenciar la producción del pequeño productor. Pero entre el pequeño productor, que está en la vereda Nechí (Antioquia) donde no hay vías terrestres y el medio de transporte que es la lancha, y una empresa como el Éxito en Caucasia, que le quiere comprar el plátano al pequeño productor, hay todo un tema logístico en el que nosotros podemos aportar como cooperación”, concluyó Renaud.
Durante estos cinco años, el OIP ha demostrado ser un modelo exitoso gracias a sus pilares de gestión de información sobre la inversión privada en los territorios que han atravesado el conflicto, como lo indican más de 50 eventos de diálogo, encuentros nacionales y territoriales que han convocado a más de 1000 empresarios y líderes de diferentes sectores, y las acciones de incidencia en la inversión privada para el desarrollo.
Perspectiva de futuro
En 2024, CIPE ha concluido su ciclo de financiación del OIP, dejando establecidas las capacidades necesarias para que su funcionamiento continúe bajo el liderazgo de JA&A. “Seguiremos trabajando por el OIP y por su ideal de defender la paz desde el sector empresarial, promoviendo diálogos con diferentes sectores y abogando por nuevos mecanismos tributarios que puedan contribuir al desarrollo de las regiones más vulnerables”, concluyó Jaime Arteaga.
CIPE, por su parte, continuará en el 2024 con sus esfuerzos para fortalecer el tejido empresarial y la participación del sector privado en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza en el país. “La Oficina de CIPE Colombia implementa actualmente una serie de proyectos que benefician estas zonas, entre ellos la identificación de las barreras y oportunidades del sector privado con tres enfoques, Pacífico Medio, tierras y emprendimiento; iniciativas de inclusión de mujeres en el entorno empresarial, transparencia en contratación pública, economía digital, y otras”, finalizó la directora de CIPE en Colombia.
Published Date: June 06, 2024