Guía de Inversión Responsable en Zonas de Posconflicto

04.10.2018 | Guides & Tools

Introducción

Colombia ha alcanzado grandes logros a pesar de haber vivido diversas formas de violencia y conflicto desde mediados del siglo XX. Por varias décadas su economía ha crecido de manera estable, sin fluctuaciones o crisis significativas. El país se ha caracterizado por contar con una democracia firme, hasta el punto de ser la única nación latinoamericana que tiene un legado electoral ininterrumpido desde 1830, año en que se dio la división de la República de la Gran Colombia. Tal vez una de las representaciones del paradójico esfuerzo de este país por avanzar a pesar del conflicto, es el hecho de que Colombia sea el único país del mundo que ha iniciado procesos de reparación de víctimas en medio de este.

Es por esto que el Acuerdo para la Terminación del Conflicto suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla más antigua del continente, las FARC, levanta uno de los últimos obstáculos que tiene el país para avanzar más rápidamente en la senda del desarrollo, abriendo oportunidades para la inversión privada. La inserción económica de enormes extensiones de territorio que estaban aisladas, bajo el control de diversos grupos ilegales, junto con la oportunidad de que el Estado reoriente recursos económicos para inversión de desarrollo en las regiones, permitirá que la sociedad se enfoque en las reformas institucionales necesarias para combatir la corrupción, fortalecer la presencia del Estado y ensanchar el crecimiento económico en todo el país.

El sector privado nacional e internacional se enfrenta al desafío de aprovechar responsablemente la oportunidad del posconflicto en Colombia. Para evitar repetir errores, resulta esencial el pleno involucramiento de los máximos órganos de gobierno de las compañías: las juntas directivas. Dicho acompañamiento debería asegurar que antes de realizar una inversión, se ha hecho la debida diligencia para garantizar que la presencia del sector privado generará riqueza a las compañías en un marco de sostenibilidad para las regiones, donde los factores primordiales sean el respeto a los derechos humanos, el ejercicio de la buena ciudadanía corporativa y la generación de capacidades productivas locales.

Es por esto que el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), en alianza con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y Jaime Arteaga y Asociados (JA&A), está adelantando el proyecto “Inversión Responsable en el Posconflicto”, iniciativa que busca promover un diálogo, desde las regiones que están transitando de una situación de violencia e inseguridad, hacia un escenario de mayores oportunidades, permitiendo así desarrollar estándares para que las juntas directivas orienten de manera temprana la inversión privada en estas zonas. Para esto, el proyecto invitó a dialogar a empresarios, representantes de la sociedad civil, academia y gobiernos, en regiones en las que existe la expectativa de un mayor desarrollo asociado a la firma del Acuerdo, donde se les preguntó sobre las oportunidades, expectativas y recomendaciones que son necesarias para los grandes inversionistas. Estos espacios de conversación permitieron una comprensión de la perspectiva del empresariado local que coincide en la oportunidad de realizar inversiones que se articulen adecuadamente con los mercados locales, generen capacidades y traigan un desarrollo sostenible a las regiones donde ingresan.

Los resultados de estas conversaciones se reflejan en la presente Guía, que tiene como propósito motivar a los miembros de las juntas directivas de las grandes compañías a hacer las preguntas indicadas antes de aprobar una inversión en aquellas zonas que han sido más afectadas por el conflicto. Las juntas directivas podrán así asegurar que además de enfocarse en los retornos financieros a la inversión, las empresas hagan la debida diligencia, preparen sus esquemas productivos y de inversión para encadenarse con las capacidades locales y, en particular, ejerzan como buenos ciudadanos corporativos, comprometidos con la creación de contextos de desarrollo sostenibles en el largo plazo.

Así las cosas, el CIPE, junto con Confecámaras y el ICP, contribuirá, a través de este proyecto, a que la oportunidad de negocio del posconflicto sea aprovechada por los inversionistas y las regiones que se están abriendo a una nueva realidad para el desarrollo. El éxito de esta iniciativa será hacer que el sector privado tome un liderazgo en la transformación de los territorios históricamente marginados y que hoy se convierten en la “nueva ventana de oportunidad” para la inversión privada responsable.