El impacto del COVID-19 sobre el mercado laboral en Guatemala

12.14.2020 | David Casasola

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Desafíos económicos e impacto del COVID-19

Antes de la llegada del COVID-19 las condiciones económicas y sociales de Guatemala ya ameritaban una importante articulación de esfuerzos para ser atendidas. La llegada del virus agravó los desafíos y aumentó el carácter de urgencia con el que debían enfrentarse. En materia económica el principal desafío del país sigue siendo las limitadas oportunidades para generar ingresos a través de empleos formales. Antes de la llegada de la pandemia en el país existía un déficit de 3.2 millones de puestos de trabajo, estimados al restar del total de personas que trabajaban como asalariadas o buscaban un empleo (4.6 millones), la cantidad empleos formales contabilizados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- (1.4 millones). Como se aprecia en la Gráfica 1, desde 2012 el déficit de puestos de trabajo ha venido en aumento.

Fuente: elaboración propia a partir de las ENEIs y del Banco de Guatemala.

Sin lugar a duda, el costo más alto de la pandemia alrededor del mundo debe medirse en función de la pérdida de vidas humanas y el dolor y sufrimiento de todos aquellos que perdieron a algún ser querido o que experimentaron los peores síntomas de la enfermedad. Asimismo, aunque de otra naturaleza, son los costos monetarios que ha representado el combate a la pandemia, desde los gastos adicionales en medicinas, materiales y equipo, a nivel individual y de gobierno; así como los recursos adicionales que han sido necesarios para llevar algún tipo de alivio monetario a la población que perdió, parcial o totalmente, los medios con que usualmente se ganaba la vida usualmente.

Desde esa perspectiva, uno de los principales costos de la pandemia, que generalmente se pasa por alto, es el valor de todo aquello que se dejó de hacer, o se pudo haber hecho distinto, con los recursos que se utilizaron en la protección de los ingresos de los empleados formales e informales; construcción y equipamiento de nuevos hospitales; adquisición de suministros y materiales médicos; y, entre otros muchos, contratación de personal adicional. Es decir, los otros usos que pudieron haber tenido esos recursos de no haber existido la pandemia; aunque resulte extremadamente difícil cuantificar este costo, dichos recursos pudieron haber sido utilizados para otros fines.

En un plano más práctico, los principales costos de la pandemia, hasta el momento, han sido los siguientes: destrucción de empleo formal, con la consecuente desaparición de la fuente de ingresos de cientos de miles de guatemaltecos; la paralización o reducción en las actividades de ciertos sectores económicos, que además de provocar caídas en sus ventas e incapacidad para hacer frente a sus obligaciones, también conlleva la ociosidad de  cierta parte de  las inversiones en maquinaria, equipo e instalaciones físicas; caída de las exportaciones; y un profundo debilitamiento de las cuentas fiscales. En cuanto al primero de estos costos, las cifras de afiliación al IGSS, como lo revela la Tabla 1, se reporta una reducción de casi 118,000 empleos formales en el sector privado entre finales de enero y finales de septiembre. Es decir, una contracción de cerca del 11% en el empleo formal privado. Cantidad que, contrastada con la capacidad de creación promedio de empleo formal anual de los últimos años (10 mil), puede representar perder las ganancias en creación de empleo de diez u once años. Además del impacto devastador que la crisis seguramente está teniendo sobre la micro y pequeñas empresas; unidades productivas altamente vulnerables a los vaivenes económicos.

Afiliados al IGSS en 2020 Enero Septiembre Diferencia
Sector Público 290,711 330,341 39,630
Sector Privado 1,059,153 941,457 -117,696
Total 1,349,864 1,271,798 -78,066

Fuente: Elaboración propia con información del Informe Económico Semanal del MINECO

 

Otro impacto importante que generará el COVID-19, muy conectado a la situación del mercado laboral, es el aumento en los niveles de pobreza en la población. La caída en los ingresos laborales tendrá un impacto más severo sobre grupos poblacionales vulnerables, en especial aquellos que generan ingresos en ocupaciones informales, en donde no existen redes de protección social que les permita tener acceso a algún beneficio en lo que se reestablecen los canales usuales para generar ingresos. Las estimaciones elaboradas por CEPAL (2020) establecen que en América Latina la pobreza aumentará en al menos 4.4%, el equivalente a 28.7 millones de personas adicionales en pobreza (llegando a 214.7 millones la cifra total de personas en pobreza en América Latina). Del total de nuevos pobres, 15.9 millones se encontrarán en pobreza extrema. Para el caso puntual de Guatemala, CEPAL estima que la pobreza extrema puede incrementar entre 1.6% (288 mil personas) y 1.4% (252 mil personas). En esa misma línea, la pobreza puede incrementar entre 2.3% (414 mil personas) y 1.7% (306 mil personas).

Medidas para atenuar el impacto económico negativo

Mientras llega la vacuna contra el COVID-19 es necesario buscar un equilibrio entre controlar la tasa de contagios y preservar las oportunidades económicas existentes. Para ello es primordial asegurar que se sigan cumpliendo los protocolos sanitarios, en especial durante los festejos y actividades que se llevarán a cabo a final de año.

Se desconoce el tipo de reorganización productiva que deban experimentar muchos sectores económicos para seguir operando, es un hecho que la mayoría no podrán operar en las mismas condiciones y niveles que antes. A esto hay que sumar que la pandemia ha golpeado también a nuestros principales socios comerciales y a los precios de productos de exportación de vital importancia. Situación que hace necesario revisar todos los instrumentos de política económica disponibles para hacer frente los choques de carácter externo que golpean a la economía, apoyar a las empresas y sectores que han sido más afectados por las medidas de confinamiento y facilitar su reestructuración.

Para minimizar la pérdida de empleo formal es necesario implementar mecanismos que apoyen el ajuste del mercado laboral a las condiciones negativas que prevalecerán durante un tiempo en la economía. Para ello es necesario facilitar el teletrabajo, flexibilizar las jornadas de trabajo, ampliar la esfera de negociación privada para las condiciones de trabajo y permitir, en la medida de lo posible, ajustes en los salarios que apoyen a las empresas en mantener los niveles de empleo. Es vital que cualquier decisión acerca del salario mínimo tome en cuenta las condiciones del empleo, el nivel de contracción de la actividad económica y las presiones deflacionarias que podrían existir.

Los centros de capacitación técnica deben evolucionar para hacer llegar sus servicios de forma virtual. Priorizando procesos de certificación en programas que aumenten la empleabilidad en actividades que puedan realizarse de manera remota (programación, soporte técnico, call centers, mercadeo digital, etc.).

Incluir nuevos regímenes de incentivos sujetos a metas de desempeño y acordes con la normativa internacional; reformar el sistema aduanero para apuntalar la orientación exportadora de la estrategia; priorizar la construcción de obras de infraestructura productiva para los sectores estratégicos; focalizar las intervenciones de gobierno en zonas geográficas estratégicas, con alto potencial logístico o dotación de materias primas. Aprovechando al máximo las oportunidades de integración económica con el resto de los países de Centroamérica e identificando espacios que el país pueda ocupar en la reconfiguración de las cadenas globales de valor.

Focalizar las reformas e incentivos a los sectores que se buscan priorizar, garantizando circunstancias que les permitan competir internacionalmente, en áreas delimitadas que ofrezcan condiciones óptimas para promover la generación de empleo formal, atracción de inversiones, cumplimiento de la regulación y costos laborales competitivos.

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David Casasola es un investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y director del área de investigación del Monitor Global de Emprendimiento en la Universidad Francisco Marroquín. Este artículo es parte de una serie de la iniciativa del Futuro del Trabajo en América Latina del CIPE.